"Yo lo que digo
es que son 30 años de democracia, y no hemos hecho todavía una ley de huelga,
lo que quiere decir que los representantes legítimos de una serie de
trabajadores con poder de colapsar ciudades siguen pudiendo tomar como rehenes
a los 6,4 millones de ciudadanos, y eso no es propio de un país
democrático".
Esperanza Aguirre, valiente como siempre, recordó lo
anterior en una rueda de prensa, demostrando con ello que está al servicio de todos
los habitantes de la Comunidad de Madrid.
No sé si demostraría tanta valentía si perteneciese a la
clase “delictiva” compuesta por los trabajadores de Metro.
O sea, si los representantes sindicales optan por plantear
(plantear no es imponer) una medida de presión tan querida por todos los trabajadores,
(dejar de percibir 100 euros al día es de lo más placentero) no es propio de un
país democrático y, si tragan con la ruptura de un convenio pactado, se les
acusa (por parte de los propios trabajadores) de “vendidos”.
Se dirá que es por negarse a cumplir los servicios mínimos
por lo que se les acusa de chantajistas, nada más y nada menos. Pero no
desviemos la mirada, consiste en seguir anestesiadicos y quieticos. Nos hagan
lo que nos hagan.
Convocar una huelga que no se note, que no moleste, que pase
desapercibida, de eso se trata.
Hay que hacer una ley de huelga para hacer desaparecer el
derecho a la huelga.
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